La empresa pública Adif, presidida por Marco de la Peña, está en el ojo del huracán por los accidentes de Adamuz y Gelida que se han cobrado la vida de 46 personas. Se trata de una entidad estratégica, cuya gestión repercute directamente en la vida de las personas, y que no ha salido indemne del paso de José Luis Ábalos por el ministerio de Transportes, al que siguió después Óscar Puente.

El reguero de escándalos, polémicas y deficiencias se analizan ahora como la causa adyacente de la tragedia, al margen de la investigación que determine los motivos por los que descarriló un tren Iryo, con el que chocó después un Alvia. El origen de por qué han fallecido 45 personas hay que buscarlo en la nefasta gestión que Transportes, y las compañías dependientes de este ministerio, acumulan desde 2018.

Los casos de corrupción y el enchufismo acumulados en estos años son sólo la punta de un iceberg muy grande que será difícil de detectar en toda su extensión. Cargos directivos de Adif trasladan a Libertad Digital que la situación “viene de lejos” y “todo el mundo sabía que esto iba a ocurrir tarde o temprano”. “Se desconoce el estado real de las vías”, advierten.

Este experto lamenta la situación de la compañía desde hace años. “Se ha triplicado el número de cargos directivos desde hace siete años, hasta sumar 600 personas, y el 90% son de carácter político”, advierte, criticando la ausencia de meritocracia para el ascenso de los cargos y el enchufismo como vía para llegar a puestos críticos cuya gestión debería estar sólo destinada a expertos del sector.

La larga lista de imputados

Entre ellos hay nada menos que siete imputados por casos de corrupción en la etapa de Ábalos. A la cabeza, Isabel Pardo de Vera, la que fue presidenta de Adif entre 2018 y 2021 y secretaria de Estado de Transportes de 2021 a 2023. Está investigada por malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Se la investiga por el contrato de Adif a Soluciones de Gestión (empresa de la trama Koldo), por enchufar a Jéssica Rodríguez en Ineco (vinculada a Adif) y Tragsatec, y por la trama de amaños de contratos de obra pública. Según la UCO, Pardo de Vera actuó como “puerta de entrada” para amaños en Adif, con mordidas que alcanzan los 600.000 euros.

Otro presidente de Adif, Ángel Contreras, está también imputado. Lo fue entre los años 2023 y 2024, habiendo ocupado el puesto menos de un año, aunque estuvo en cargos directivos en la compañía con anterioridad. Tiene diferentes vínculos con la trama Koldo, habiendo avalado adjudicaciones como la de Tecnivial, vinculada a Leticia Lauffer, amiga de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

Michaux Miranda, exjefe de Personal de Adif desde 2018 hasta 2024, está imputado por los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Descartó ofertas alternativas de mascarillas para favorecer a Soluciones de Gestión, sin justificar el sobreprecio de hasta 2,5 veces superior al mercado.

Otro de los investigados es Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Transportes desde 2018 hasta 2024, imputado por los mismos delitos que Miranda. Se encargaba de los presupuestos, altos cargos y políticas de emergencia. Se le señala por actuar de enlace entre Ábalos y Adif para agilizar contratos amañados.

Javier Herrero, exdirector general de Carreteras durante la etapa de Ábalos, participó en la supervisión y coordinación de proyectos que involucraban infraestructuras mixtas (viales y ferroviarias), como accesos a estaciones o cruces de nivel. Influía en adjudicaciones de contratos públicos, incluyendo aquellos gestionados por Adif.

“Ceses discretos”

A estos cargos imputados se suman ceses “discretos” que hacen levantar también sospechas, como el de Ignacio Zaldívar, director de Adif de 2021 hasta 2025 que supervisó adjudicaciones de obras clave y cuyo nombre aparece en informes de la UCO. También Juan Pablo Villanueva, director de desarrollo de negocio y número dos de la Alta Velocidad, cesado hace medio año en plena investigación Koldo tras una denuncia interna.

El ministerio de Transportes es el que más presupuesto estatal maneja y se trata de una cartera crítica, cuya gestión puede poner vidas en riesgo, como se ha demostrado. Estuvo dirigido por José Luis Ábalos, conocido por sus juergas, su relación con prostitutas y la trama corrupta. Su mano derecha era Koldo García, considerado al principio cabecilla de la trama. Ahora está al frente del departamento Óscar Puente, conocido por su actividad frenética en X insultando a sus adversarios políticos.