El presidente del Gobierno trata de diluir la responsabilidad estatal tras el siniestro de un tren de Iryo en la Red de Interés General, recurriendo al gastado mantra de las “competencias repartidas” para evitar dar explicaciones sobre el estado de las vías.

Desde la comodidad de las moquetas de Bruselas, Pedro Sánchez ha vuelto a exhibir esa mezcla de soberbia y cinismo que caracteriza su manual de resistencia. Tras los trágicos accidentes ferroviarios que han vuelto a poner en entredicho la seguridad de nuestras infraestructuras, el líder del Ejecutivo ha comparecido ante los medios no para ofrecer soluciones técnicas o asumir el fracaso de su gestión en el mantenimiento de la red, sino para activar, una vez más, el ventilador de la responsabilidad institucional.

¿Competencias compartidas?

Una de las cosas más destacadas de su intervención, y quizá una de las más indignantes, ha sido la utilización del término “competencias repartidas” para referirse a la asunción de responsabilidades por el mal estado de la red ferroviaria en el accidente de Adamuz. Para Moncloa, cuando los trenes descarrilan y hay víctimas sobre la mesa, la culpa es de una amalgama administrativa donde nadie es responsable de nada.

Afirmar que en el accidente del Iryo en Adamuz existen “competencias compartidas” con la comunidad autónoma es, sencillamente, faltar a la verdad técnica y legal. El siniestro se produjo en una línea de Alta Velocidad, que forma parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG). Tanto la titularidad de estas vías, como su mantenimiento y señalización, además de reparación, y la seguridad dependen exclusivamente de Adif, es decir, del Ministerio de Transportes directamente.

Las redes ferroviarias cuya responsabilidad recae sobre las autoridades autonómicas son responsables de las redes autonómicas propias, que salen de origen y llegan a destino dentro de la comunidad autónoma y que fueron transferidas hace décadas, como las Líneas de ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña (FGC), las líneas de Euskotren, los ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV) y el Metro de Madrid en la Comunidad de Madrid.

Por este motivo, en el caso que nos ocupa, el de la tragedia de Adamuz, a la Junta de Andalucía —como cualquier otra autonomía en un caso similar— no tiene voz ni voto en el mantenimiento de los viaductos de Adamuz ni en los sistemas de frenado automático de la red de ancho internacional. Pretender que las regiones compartan la carga política de un accidente en una red que el Gobierno Central blinda celosamente para su control es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

El orgullo que no frena trenes

Mientras el Ejecutivo se dedica a repartir culpas para proteger su imagen, la realidad de los hechos es que la desinversión en el mantenimiento de la red estatal empieza a cobrarse un precio inasumible. Y es que el accidente de Adamuz, cuyo origen parece cada día más claro que ha estado en la falta de mantenimiento, o un mantenimiento deficiente, independientemente de que se determine que esa fue la causa, lo que sí ha destapado es el deficiente mantenimiento de la red de las infraestructuras ferroviarias en España. Una condición que también comparte la Red Eléctrica Española, detrás del apagón que sufrimos en abril del año pasado, o de la red vial de carreteras con cada vez más puntos negros.

El presidente habla de “empatía” y “transparencia”, pero la verdadera transparencia sería admitir que su Gobierno ha fallado en la tutela de la infraestructura más estratégica del país. Una vez más, la “cogobernanza” no es más que el eufemismo de moda para un presidente que, ante la tragedia, solo sabe buscar a quién pasarle la factura de sus propios errores.